Doctrina del TEDH sobre los efectos de la falta de emplazamiento procesal y el deber de diligencia del interesado

Doctrina del TEDH sobre los efectos de la falta de emplazamiento procesal y el deber de diligencia del interesado

El TEDH resuelve que, a tenor del art. 49 LJCA, no siempre resulta obligatoria la notificación a los interesados, pues hace referencia a todo aquel que pueda tener interés en el procedimiento administrativo y no así de los que posteriormente resulten en sede judicial. Considera que lo contrario supondría una carga excesiva para las autoridades administrativas y los tribunales. Además, concluye que la cobertura en prensa como «vehículo notificador» y la publicación en el Boletín Oficial son medios suficientes para que los interesados tengan conocimiento de la existencia del procedimiento, a los que exige un deber de diligencia a la hora de informarse.

interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia

Falta, carencia, e insuficiente fundamentación del interés casacional objetivo

Pese a no recogerse expresamente en la Ley, las providencias y autos vienen a diferenciar aquellos supuestos en que la inadmisión se justifica por la falta o ausencia de una adecuada fundamentación, de aquellos otros en que, simplemente, el asunto no reviste de interés casacional. Una diferencia que, en principio y a efectos prácticos, puede entenderse como irrelevante -pues el recurso acaba teniendo la misma suerte-, pero que no debe resultarnos indiferente, en cuanto la decisión de recurrir y en qué términos debemos hacerlo, puede resultar una opción decisiva para la defensa de los intereses del recurrente.

TJUE principio non bis in idem

TJUE y principio «non bis in idem»: Sentencia «bpost» de 22 de marzo de 2022

El principio «non bis in idem» aplicado al proceso administrativo sancionador en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: En su sentencia de 22 de marzo de 2022 (caso «bpost») el Tribunal confirma que cuando concurren determinadas condiciones, los mismos hechos se pueden castigar doblemente, pues la prohibición de duplicidad punitiva no es una garantía ilimitada. ¿Se trata en este caso de una verdadera limitación del derecho fundamental garantizado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

tribunal europeo de derechos humanos

La doble instancia judicial en vía contencioso -administrativa: Doctrina Saquetti

Las competencias revisoras del Tribunal Supremo en casación se vinculan a cuestiones de interpretación normativa de acuerdo con el criterio del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, estableciendo un severo control de admisibilidad de los recursos. La interpretación restrictiva de estas formalidades puede ocasionar una violación del derecho al doble grado jurisdiccional, privando al recurrente de un examen completo de los fundamentos jurídicos de sus alegaciones y, con ello, de la revisión de la sentencia dictada en única instancia. Esta cuestión: ¿queda ahora resuelta en nuestro país tras la sentencia dictada por el TEDH en el caso Saquetti?

Escritos de rectificación, aclaración y complemento

Escritos de rectificación, aclaración y complemento: parecidos pero diferentes

Suele ser un error muy común -también por nuestros juzgados y tribunales-, confundir la rectificación de errores materiales y aritméticos, la aclaración de conceptos oscuros y el complemento de las omisiones en que pueden incurrir las sentencias y autos. Teniendo en cuenta que los plazos para solicitar la rectificación, aclaración y complemento son distintos, así como su alcance, conviene tener muy en cuenta estas diferencias para evitar desagradables sorpresas, cuando se pretende posteriormente recurrir la resolución en apelación, casación, o amparo. Estas cuestiones las abordaremos en la presente entrada.

libertad de establecimiento o circulación

Reclamaciones ante la CNMC: vulneración de la libertad de establecimiento y circulación

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) contempla en su capítulo VII, una serie de procedimientos destinados a reforzar la protección en el ámbito de la libertad de establecimiento y libertad de circulación. Se presentan bien ante la Secretaría General (SECUM) las derivadas del art. 26, o bien ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las referidas a los arts. 26.8 y 27. Se encuentran legitimados para presentar estas reclamaciones los operadores económicos y, en defensa de los intereses colectivos, sus organizaciones representativas, incluidas las Cámaras Oficiales de Comercio, así como los colegios y las asociaciones profesionales.