Doctrina del TEDH sobre los efectos de la falta de emplazamiento procesal y el deber de diligencia del interesado

Doctrina del TEDH sobre los efectos de la falta de emplazamiento procesal y el deber de diligencia del interesado

El TEDH resuelve que, a tenor del art. 49 LJCA, no siempre resulta obligatoria la notificación a los interesados, pues hace referencia a todo aquel que pueda tener interés en el procedimiento administrativo y no así de los que posteriormente resulten en sede judicial. Considera que lo contrario supondría una carga excesiva para las autoridades administrativas y los tribunales. Además, concluye que la cobertura en prensa como «vehículo notificador» y la publicación en el Boletín Oficial son medios suficientes para que los interesados tengan conocimiento de la existencia del procedimiento, a los que exige un deber de diligencia a la hora de informarse.

TJUE principio non bis in idem

TJUE y principio «non bis in idem»: Sentencia «bpost» de 22 de marzo de 2022

El principio «non bis in idem» aplicado al proceso administrativo sancionador en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: En su sentencia de 22 de marzo de 2022 (caso «bpost») el Tribunal confirma que cuando concurren determinadas condiciones, los mismos hechos se pueden castigar doblemente, pues la prohibición de duplicidad punitiva no es una garantía ilimitada. ¿Se trata en este caso de una verdadera limitación del derecho fundamental garantizado en el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

libertad de establecimiento o circulación

Reclamaciones ante la CNMC: vulneración de la libertad de establecimiento y circulación

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) contempla en su capítulo VII, una serie de procedimientos destinados a reforzar la protección en el ámbito de la libertad de establecimiento y libertad de circulación. Se presentan bien ante la Secretaría General (SECUM) las derivadas del art. 26, o bien ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las referidas a los arts. 26.8 y 27. Se encuentran legitimados para presentar estas reclamaciones los operadores económicos y, en defensa de los intereses colectivos, sus organizaciones representativas, incluidas las Cámaras Oficiales de Comercio, así como los colegios y las asociaciones profesionales.